Legalizando lo ilegal.

LegalidadDurante los dos últimos años, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, estuvo presumiendo la puesta en marcha y desarrollo del Programa “Soy Legal”, que se desprende de la Ley de la Cultura de la Legalidad para el Estado de Chihuahua, y cuyo objetivo “era” la prevención de conductas que puedan derivar, eventualmente, en conflictos que lesionen el entorno social.

Digo “era”, porque definitivamente no previno -y mucho menos impidió- que el gobernador del estado, César Horacio Duarte Jáquez, dejara de conducirse (no eventual, sino constantemente) de manera ilegal, provocando -sin duda alguna- conflictos que lesionan el entorno social de los chihuahuenses.

Y es que como se dijo hace exactamente un año en este espacio de análisis y opinión, de nada sirve ofrecer pláticas a los jóvenes ni tener “bonitas” bases teóricas, cuando éstas no son llevadas a la práctica por las autoridades; es decir, de nada sirve una Ley o un Programa para fomentar la cultura de la legalidad, si no se va a predicar con el ejemplo. Peor aún, cuando el marco legal se modifica a modo de que el gobernante en turno no quede en la ilegalidad, y es precisamente esto último lo que acaban de hacer los diputados

Así es, el H. Congreso del Estado de Chihuahua legalizó la ilegalidad al aprobar -a tan solo 10 meses de su aprobación y 7 meses de su entrada en vigor– aplazar dos nuevas e importantes obligaciones del Ejecutivo en materia de disciplina financiera.

votacion_congresoEl caso es que con 24 votos a favor, 6 en contra (del PAN) y cero abstenciones, el Congreso decretó salvar a César Horacio Duarte Jáquez de la obligatoriedad de liquidar las deudas de corto plazo a más tardar tres meses antes del término de su administración, y de no contratar nuevas deudas durante esos últimos tres meses. Dicho de otra manera, el Congreso le ha dado permiso “legal” a Duarte para no pagar las deudas y para endeudarse más durante el tiempo que le queda al frente del Ejecutivo.

Es así como, una vez más, los legisladores cómplices de César Duarte han aprobado un dictamen inconstitucional; es decir, que va en contra de lo establecido en la Constitución Política de México y en la del Estado de Chihuahua, y todo por adecuar el marco legal para proteger al “señor gobernador” para que no caiga en otro acto ilegal.

InjusticiaPareciera que César Horacio Duarte Jáquez (y compañía) no ha terminado de entender que fue justamente por ese tipo de abusos, que el pasado 5 de junio los chihuahuenses le dejaron muy claro qué es lo que pasa cuando los gobernantes usan el poder que se les confirió para abusar de él, y no para servir. ¿O es que acaso ya no se acuerda que al asumir la gubernatura juró solemnemente guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ellas emanen; y que si así no lo hiciere, el pueblo se lo demandara? Bueno, pues el pueblo ya se lo demandó, y ni siquiera así ha sido capaz de cambiar sus abusivas y vergonzantes conductas.

Pero bueno, como no se le pueden pedir peras al olmo, no nos extrañe que durante los tres largos meses que faltan para que Duarte y sus compinches se vayan, sigan con las prácticas dictatoriales y de sumisión -respectivamente- que los caracterizan y que los llevó perder su legitimidad ante el pueblo.

Esta ocasión concluyo con lo dicho alguna vez por el sociólogo, catedrático y destacado consejero presidente del IFE, José Woldenberg: “Cuando se dice que el pueblo es soberano, se quiere decir que la fuente última de todo poder o autoridad política es exclusivamente el pueblo; que no existe, por ende, ningún poder, ninguna autoridad por encima de él, y que la legalidad misma adquiere su legitimidad por ser expresión en definitiva de la voluntad popular.”

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