El país de la impunidad.

ImpuneDe acuerdo a los resultados del “Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2016”, proyecto de investigación desarrollado conjuntamente por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), México se ubica en el lugar 58 de los 59 países (de 193 Estados miembros de la ONU) con mayores niveles de impunidad que mide el IGI.

En términos generales, el documento presentado la semana pasada, es el resultado del análisis de una serie de variables relacionadas con el funcionamiento y estructura del sistema de seguridad y el sistema de justicia, las cifras negras (actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa), y los derechos humanos (violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado).

En ese contexto, el IGI-MEX 2016 muestra que la media (promedio) nacional en el índice de impunidad es 67.42 puntos (en una escala en la que la máxima puntuación -para medir el nivel de impunidad- es 100), evidenciando así que en el país de los “hechos aislados”, hay algo que sí es recurrente: la impunidad.

Si bien el IGI-MEX 2016 deja muy claro que es solamente en 13 estados donde se concentra el nivel de “muy alta” impunidad (arriba de 70 puntos y cuya situación refleja niveles críticos de impunidad), el estudio también deja claro que la puntuación obtenida por todas y cada una de las entidades es inaceptable, aún y cuando -de acuerdo a los criterios de clasificación- estén ubicadas como entidades que presentan un grado “bajo” de impunidad, como lo es el caso de Campeche y Nayarit que obtuvieron 47.22 puntos y 50.42 puntos, respectivamente.

ImpunidadEn el caso particular de Chihuahua, el IGI-MEX 2016 coloca a la entidad dentro del Grupo 2; es decir, en un grado de impunidad “media” (entidades cuyo índice se aleja del promedio y con un valor por debajo de 60 puntos) con un total de 59.94 puntos; lo cual, contradice rotundamente el discurso del gobernador, César Duarte Jáquez, respecto a que el combate a la impunidad es una realidad (y aunque asegure que la “puerta giratoria” ya se cerró).

Volviendo a los resultados nacionales del IGI-MEX 2016, y considerando que los criterios de clasificación se basan solamente en la media nacional (y no en los niveles óptimos en materia de procuración e impartición de justicia), y que el lugar 58 (de 59) es respecto a los países con mayores niveles de impunidad (y no respecto a los países con menores índices de impunidad), encontramos que -tal y como se ha señalado anteriormente en este espacio de opinión- de nada sirve repetir una y otra vez -por todos los medios posibles- que en México las instituciones del Estado llevan a cabo acciones para fomentar la “cultura de la legalidad, cuando no hay acciones o resultados reales que -más allá de promover y fomentar con dichos- consoliden esa cultura.

impunidad_mexicoLo anterior, también queda de manifiesto en el multicitado estudio coordinado por reconocidos investigadores de la UDLAP, que particularmente señala que “la cadena de impunidad nos habla de ineficacia e ineficiencia institucional que se va acumulando a lo largo de todas las fases del proceso de procuración e impartición de justicia.”

En fin, el caso es que -de nueva cuenta- ha salido a la luz una seria investigación que contradice lo que en el discurso han venido diciendo -en reiteradas ocasiones- el presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores; dejando -otra vez- en evidencia la crítica situación que prevalece en los sistemas de seguridad y justicia del Estado mexicano.

En esta ocasión finalizo con una atinada reflexión de autor desconocido: “Lo que más temo de una sociedad democrática es que perdamos la fe en la justicia y aceptemos la impunidad.”

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