El final de un fraude funerario.

Cuando mi tía Guadalupe (hermana de mi abuela Esperanza q.e.d.) se enteró que era una de las miles de víctimas del mega fraude cometido por varias empresas dedicadas a los servicios funerarios, le dio -en sentido figurado- un infarto por la angustia de no saber qué iba a suceder con el servicio funerario a futuro que con tanto esfuerzo adquirió.

Con el paso de los días, se vio involucrada en una serie de acciones encaminadas a tratar de recuperar su dinero, o que se le aseguraran que el servicio por el cual pagó -por anticipado- se brindara en los términos que en el respectivo contrato se habían estipulado.

Tiempo después, le notificaron que -en caso de necesitarse- el servicio funerario sería otorgado por la funeraria “La Paz” ubicada en la Col. Cerro de la Cruz. Inmediatamente, mi tía se dirigió a dicha funeraria para conocer las instalaciones y su ubicación exacta. Fue entonces que le dio –en sentido figurado- otro infarto y sus lágrimas rodaron. “Yo no quiero que me velen ahí. Está muy lejos y nadie va a querer ir hasta allá. Además las instalaciones no me gustan. ¡No es por lo que yo pagué¡” -dijo mi tía-.

Meses después, a mi tía le dio –literalmente- un infarto que afortunadamente no le quitó la vida, pero su salud empezó a deteriorarse aceleradamente a causa del infarto y de la diabetes que ya no pudo controlar tan fácilmente, lo cual le impidió que siguiera luchando para que alguna de las autoridades correspondientes cumpliera con su deber para que -en el momento de necesitarlo- su servicio funerario se realizara en términos satisfactorios -de acuerdo a lo que le ofrecieron- y por lo cual pagó por anticipado.

Finalmente, el pasado 22 de enero mi tía Guadalupe falleció y no hubo otro remedio más que el de llevar a cabo el servicio funerario en el lugar en el que ella no quería porque -con justa razón- ella no había pagado por -y para- eso, y porque la difícil situación económica no nos permitió absorber los elevados costos de contratar un servicio funerario con otra empresa.

Guadalupe Sánchez Mena
(1937-2016)

Afortunadamente, el temor de mi tía de no ser despedida por sus familiares y amigos -por la lejanía del lugar- no se hizo realidad; sin embargo, el fraude cometido por personas sin escrúpulos y la falta de impartición de justicia provocaron que el fraude siga quedando en la impunidad porque, aún y otorgándose el servicio, éste no se realizó de acuerdo a lo convenido.

Cierto es que resulta lamentable e inaceptable que muchas de las víctimas se enteraron del ilícito cometido por las funerarias en el momento exacto de requerir el servicio; no obstante, también es cierto que es igual de lamentable e inaceptable que –hasta el momento- no hay autoridad alguna que haya exigido el cumplimiento de los contratos de acuerdo a las expectativas de los consumidores, mismas que motivaron el pago –por anticipado- de un servicio que -por obvias razones- no es agradable, pero del que estaban conscientes que en algún momento sería necesario.

Si bien el fraude cometido en contra de mi tía Guadalupe llegó -relativamente- a su fin y que su sufrimiento emocional -y físico- terminó; eso no significa que la estafa ya no existe o que haya llegado a su fin esa mala costumbre -que en México se tiene- de que cualquier empresa pueda defraudar (hasta en la muerte) a la sociedad, y que -en el “mejor” de los casos, el asunto sea resuelto ofreciendo alternativas que violan los derechos del consumidor, o que los resuelvan a través de fideicomisos creados con dinero de erario público; es decir, con el dinero del pueblo.

Cabe recordar que el año pasado, cuando se descubrió el mega fraude funerario, el encargado del despacho de la Profeco en Chihuahua, Carlos Muela, dijo que los consumidores deben, conforme a la Norma Oficial Mexicana 30, requerir la fianza o fideicomiso que respalde el contrato que están suscribiendo a fin de que no se susciten problemas como este. Lo cual dejó también en evidencia que en México siempre es el consumidor el que tiene que andar haciendo muchas de las labores que le corresponden a las instituciones gubernamentales ¿O es que acaso no deberían las autoridades encargarse de verificar constantemente que las empresas cumplan con las normas y leyes?

En esta ocasión finalizo con lo dicho alguna vez por el economista estadounidense, Milton Friedman: “La empresa sólo tiene una responsabilidad social: usar su energía y sus recursos para actividades que aumenten sus utilidades, siempre y cuando respete la regla de juego y se dedique a una competencia franca y libre, sin engaños ni fraudes.”

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