Ser legal: teoría y práctica.

Hace pocos días se dio a conocer que el Programa “Soy Legal” (puesto en marcha en septiembre de 2014) ha llegado a 42 mil jóvenes chihuahuenses. Según José Miguel Salcido Romero, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, este Programa tiene como propósito promover -en coordinación con la Secretaría de Educación Cultura y Deporte- la “cultura de la legalidad” no sólo entre los adolescentes de Chihuahua, sino también entre los padres de familia; esto, a fin fomentar el correcto actuar de los adolescentes.

De acuerdo al documento publicado (desde el año 2014) en el sitio de internet del TSJ, a través del Programa “Soy Legal”, la pretensión del Poder Judicial del estado es la de cumplir con una labor con alto sentido social, participando en la prevención temprana de conductas que puedan derivar, eventualmente, en conflictos que lesionen el entorno social.

Lo cierto es que -en teoría- este Programa supone la buena intención del Poder Judicial en coadyuvar a que las personas comprendan y asuman la responsabilidad individual que ayudará a construir y mantener una sociedad que fortalezca el Estado de derecho.

En esta, como en muchas otras acciones gubernamentales, el problema no radica en lo teórico, ni en las pretensiones y /o en intenciones; es decir, el problema radica en la práctica.

Y es que, ¿de qué sirve exponer ante 42 mil jóvenes lo que es la cultura de la legalidad, si las autoridades sólo se preocupan -y ocupan- de que los destinatarios (los ciudadanos) respeten y se apeguen a las normas vigentes; pasando por alto que sus promotores (las autoridades) son las primeras que deben respetar y se apegarse a lo que las Leyes establecen.

Suponiendo -sin conceder- que la cultura de la legalidad sí se practica en Chihuahua, esto sólo sería porque la mayoría de los chihuahuenses viven en apego a la normatividad; pero las autoridades dejan mucho que desear al respecto.

Tan sólo basta con recordar que actualmente el gobernador de Chihuahua, César Duarte, está denunciado penalmente por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades, y los demás que resulten de la seria investigación que los chihuahuenses siguen esperando que las autoridades competentes realicen.

Con un gobernador que actúa al margen de la ley, ¿cómo es que el Poder Judicial del Estado pretende fomentar la cultura de la legalidad?

Repetir una y otra vez –y por todos los medios posibles- el término “cultura de la legalidad” no es suficiente para que sea una realidad. Para que la cultura de la legalidad sea real, es necesario predicar con el ejemplo; con eso bastaría y sobraría para que los jóvenes –y ciudadanos en general- comprendan que vivir en la legalidad no es cuestión de dichos ni de modas, sino que es un asunto asumir la responsabilidad ciudadana que asegure el fortalecimiento del Estado de derecho y la cooperación entre sociedad y gobierno.

No sirve de nada tener unas “bonitas” bases teóricas cuando éstas no se llevan a la práctica, de ahí la importancia de que las autoridades comprendan de una vez por todas que, mientras que el gobernador de Chihuahua –y muchos de sus más cercanos colaboradores- se conduzcan de manera ilegal, lo que se está fomentando que los ciudadanos actúen de igual manera.

César Duarte ha colocado en entredicho la investidura gubernamental al traspasar los límites de carácter legal, profesional, ético, moral, político y hasta partidista, y no ha habido poder alguno que lo conduzca al camino de la legalidad.

Podrán pues el TSJ del Estado de Chihuahua y la SECyD presumir que el Programa “Soy Legal” ha llegado -en teoría- a miles de chihuahuenses, pero lo que no han podido –y al parecer no podrán- es que el Gobernador y muchos de los servidores públicos se conduzcan en apego a la cultura de legalidad.

Esta ocasión concluyo con lo dicho alguna vez por el lingüista, filósofo, historiador, crítico y teórico literario de expresión de nacionalidad francesa, Tzvetan Todorov: “Los crímenes de la dictadura son particularmente graves por el hecho de ser promovidos por el aparato del Estado, garante teórico de la legalidad. No solo destruyen las vidas de los individuos, sino las mismas bases de la vida común.”

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