Administración de la justicia en México.

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PROCESO ADMINISTRATIVO.
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Cuando de administración de justicia hablamos, primero debemos tener muy claro que se trata de un término compuesto de dos conceptos distintos, pero que en su conjunto tienen un solo significado.

En términos generales, la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo de una organización; esto, con el fin de lograr los objetivos y metas planteados por la misma.

Por su parte, justicia se refiere al conjunto de normas que permiten regular las conductas entre las personas, permitiendo, avalando, prohibiendo y/o limitando ciertos comportamientos o acciones del ser humano. En pocas palabras, la justicia es ética, equidad y honradez.

En base a lo anterior, es posible deducir que la administración de justicia es el proceso mediante el cual las instituciones -establecidas para ello- deben planear, organizar, dirigir y controlar la aplicación de las normas que regulan de manera ética, equitativa y honrada las conductas de los individuos de una sociedad.

En México, la administración de la justicia está a cargo del Poder Judicial; ahí, es donde -en teoría- se planifica, organiza, dirige y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo para regular las conductas de los mexicanos.

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Infortunadamente -como ya es costumbre-, la mayoría de las autoridades mexicanas se “pintan” solitas para interpretar a su conveniencia cualquier normatividad, término o instrucción.

Muestra de lo anterior -y retomando el tema de la administración de la justicia-, son las recientes capturas de tres de los líderes narcotraficantes más buscados: Joaquín “El Chapo” Guzmán, Héctor Beltrán Leyva (el “H”) y Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”.

“Casualmente”, la captura de estos tres delincuentes se ha dado en el marco de acontecimientos que han puesto en tela de juicio al Gobierno Federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto.

En el caso de “el Chapo”, la captura se dio en un momento en el que todavía se cuestionaba la liberación del narcotraficante Rafael Caro Quintero; la de “el H”, se dio en el marco de las multitudinarias manifestaciones de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a raíz de su descontento por la modificación del reglamento interno de dicha institución y a pocos días de que se supiera de la masacre de 22 civiles (en el estado de México) a manos de miembros Ejercito Mexicano; y la de “El Viceroy”, justo cuando a nivel nacional e internacional se pide el esclarecimiento del asesinato de 6 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (en el estado de Guerrero) y la desaparición de otros 43 estudiantes.

Más allá de las sospechas de que estas capturas estaban previamente arregladas debido a que no hubo ni un solo disparo en los operativos, está el hecho de que en estos casos queda claro que la administración de la justicia se ha manipulado para salir de los problemas en que actualmente se encuentra el gobierno de la república.

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Y es que resulta obvio que la planeación, organización, dirección y control de los recursos y de las acciones de trabajo para capturar a estos tres delincuentes se efectuó en el momento que las “autoridades” más lo requerían; es decir, en el momento en que necesitaban “cortinas de humo” para distraer la atención de los mexicanos.

Si en su momento les funcionó administrar ciertas capturas como la de “El chapo”, las últimas dos no fueron suficientes para que el descontento de los mexicanos disminuyera; al contrario, estas evidentes manipulaciones al sistema de administración de justicia están metiendo más presión a una “olla” que está a punto de estallar.

Por lo anterior, es urgente que las autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno reconsideren su “modus operandi” y comiencen a hacer de la administración pública en general -y de la administración de la justicia en particular- un verdadero proceso en el que los esfuerzos se enfoquen al logro del bien común a través de la práctica del servicio público ético, equitativo y honrado.

Concluyo en esta ocasión con lo dicho alguna vez por el escritor y político español, Francisco De Quevedo: “donde hay poca justicia es un peligro tener razón.” Y en México, de un tiempo a la fecha, el peligro no sólo radica en tener la razón, sino en el solo hecho de razonar.

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