Es decir, está en nosotras el ejercer o no nuestro derecho a votar; pero llegar a ocupar un cargo de elección, es un derecho que depende del sexo opuesto. Esto se debe a que general e irónicamente, son mayoritariamente personas del sexo masculino las que llegan a puestos de decisión, gracias a la decisión de las mujeres.

Ante tal ironía de la vida, entonces la pregunta que nace es: ¿Tenemos realmente motivos para festejar?.

Aunque resulte difícil de creer, desde la cocina y el lavadero también se gestan cambios. Así es!, las mujeres estamos destinadas a limpiar la casa grande que es la nación, a esa lucha y con esa convicción muchas mujeres han contribuido para que poco a poco, sean más las mujeres que ejerzan posiciones de decisión.

Gracias a esa lucha de muchas, es que actualmente se encuentra en el Congreso del Estado de Chihuahua, Inés Aurora Martínez.

Y precisamente el marco de los 58 años del voto femenino, la Diputada Local de Chihuahua y también Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer del PAN, Inés Martínez, en nombre del grupo parlamentario del albiazul, presentó una iniciativa de Ley para que en la integración de la mesa directiva y en el resto de los órganos del Poder Legislativo exista, además de una representación plural, igualdad de condiciones y oportunidades para las mujeres.

“Es necesario reforzar acciones para equilibrar la participación femenina bajo principios de igualdad de condiciones y oportunidades que contribuyan a lograr una vida más democrática”. Esas y otras cosas deseables ha dicho la Diputada; sin embargo, esto se ha convertido en otra ironía de esas que la vida nos regala.

Lo cierto es que suena bastante alentador lo que la Diputada Martínez ha expuesto, el problema es que lo dicho en el Congreso, no es del todo congruente con lo que sucede en casa. Y es que a veces se olvida que primero hay que arreglar la casa y luego irse extendiendo a otros ámbitos.

Lo deseable sería que como titular de PPM del PAN y como Consejera estatal del Partido Acción Nacional, Inés Martínez llegara al Pleno del Consejo Estatal y presentara una propuesta que dijera exactamente lo mismo que ha dicho en el Congreso a nombre de todos sus compañeros.

Solo de esa manera resultaría congruente y creíble la postura de la Diputada, porque ella misma –en entrevistas –ha dicho que el juez debe empezar por su casa. Esto lo dijo al referirse a los pocos puestos públicos y de decisión que las mujeres ocupan en el gobierno federal.

Ciertamente, y como lo ha dicho la Diputada Martínez, “es necesario que el juez por su casa empiece”… el detalle es que su casa está el PAN; por lo que habría en todo caso de señalar la pobre representación de mujeres en puestos del Comité Directivo Estatal, en el número de Consejeros estatales o en la propia bancada panista del Congreso Local.

Mucho tenemos por aprender, bien lo apuntó en sus reflexiones la política estadounidense Bella Abzug: “La prueba para saber si puedes hacer un trabajo o no, no debería depender de la organización de tus cromosomas”.

Esta moda inicio con uno de los “grandes” logros presumidos con bombo y platillo por la actual administración estatal, y es la de haber ordenado – porque las de César Duarte no son iniciativas, son órdenes– reformar la Ley para que ciertos delitos sean “castigados” con un encierro perpetuo para quien los comete.

El caso es que mientras que se presume tal cosa, en los centros penitenciarios más importantes del estado de Chihuahua, se han descubierto –no en una, sino en varias ocasiones–, artículos prohibidos, entre los cuales se encuentran armas de grueso calibre y teléfonos celulares.

No conformes con el vergonzoso hallazgo de un Bar&Billar al interior del CERESO de la capital del estado, ahora hay que sumar a la vergüenza estatal el hecho de que algunas de las armas encontradas ya han sido utilizadas para cometer asesinatos; y en el caso de los celulares, como ya es del conocimiento popular, frecuentemente son utilizados para extorsionar a los ciudadanos.   Todo esto, desde la comodidad de una celda con vigilancia las 24 horas del día.

Es así, que cuando uno escucha o lee estas cosas, y se hace un análisis de la información, resulta inevitable cuestionarse si en verdad servirá de algo el “castigo ejemplar” de encerrar de por vida a ciertos malhechores; si en el lugar en donde están encerrados para ser ejemplarmente castigados, se está perpetuando la actividad delincuencial por la que probablemente fueron sentenciados.

Lo cierto es que con todo lo que se sabe –más lo que no se sabe porque obviamente no  quieren que se sepa–, resulta imposible creer que la tan presumida pena de cadena perpetua sea la solución para disminuir los índices de delincuencia en nuestro estado.

Finalmente, y siguiendo con la moda Duartista de la perpetuidad, resulta que ahora el propio jefe del ejecutivo quiere condenarnos a los ciudadanos a tener cadena perpetua en Palacio de Gobierno César Duarte.

Así es! El gobernador quiso perpetuar su multipublicitada imagen, pues resulta que ahora las fotos de los gobernadores de Chihuahua estarán a la vista del público en el recientemente inaugurado Salón Gobernadores.

Unos dicen que fue una gran decisión del Gobernador porque con el hecho de que las fotos de los mandatarios que ha tenido Chihuahua estuvieran escondiditas, al mismo tiempo se escondía con ellas pasajes vergonzosos de nuestra historia.

Pero como siempre hay diferentes puntos de vista, también hay quienes dicen que si los pasajes históricos vergonzosos ocasionados por los gobernantes de nuestro estado fueran el motivo del ocultamiento de las fotos, este no es un buen momento para sacarlas de su escondite.

Es así, como el actual gobernador César Duarte nos da una muestra más de las acciones ególatras que irá acumulando durante su mandato; en ésta ocasión, ha decidido que su foto sea vista por las presentes y futuras generaciones de visitantes.

En una frase anónima, que ahora hago propia para reforzar las ideas aquí expuestas, es necesario decir que “la debilidad del poder, radica en procurar su perpetuidad”.

En la información que seguramente es fruto de las ideas del Gobernador Duarte, se asienta que la fórmula “no resulta tan compleja”, pues cuando hay coordinación no intromisión con los poderes Judicial y Legislativo, se puede avanzar en la aplicación de la ley para quienes quebrantan la armonía ciudadana.

Y es que según se cuenta, durante los 11 meses de la administración de Duarte Jáquez, han sido condenados a purgar 200 años de prisión 160 secuestradores, quienes –según el propio Gobernador Duarte–: “no encontrarán subterfugios en la ley para evitar un castigo ejemplar”.

Lo cierto es que lo dicho por Duarte se lee y se escucha muy bonito; el problema es que analizando a detalle los hechos de este primer año,  los esfuerzos del Ejecutivo, y por supuesto, del equipo que bajo su dirección se conduce, solo demuestran que la ocupación ha sido la de resaltar sus “logros”, dejando a un lado lo verdaderamente importante.

Es preocupación de muchos de los que nos hemos dado a la tarea de examinar con lupa el quehacer de nuestros representantes y el acontecer de nuestro Estado, que la óptica del Ejecutivo no acabe de centrar la mira en los problemas de fondo, que si bien es cierto no son privativos de Chihuahua, es también innegable que en esta zona fronteriza sentara los reales de la delincuencia organizada que ya se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional.

César Duarte y Álvaro Uribe

Entonces, la pregunta obligada es: ¿por qué si estamos tomando como referente lo ocurrido en Colombia, la iniciativa del Ejecutivo que hoy se aplica a diestra y siniestra es la de llenar las cárceles de la entidad, en las que constantemente se generan las peores condiciones, alejadas diametralmente de la rehabilitación social de los internos, condenándolos además a sentencias de perpetuidad, con costo directo al bolsillo ciudadano?

Habría que recordarle al Gobernador Duarte Jáquez, que eran tantos los criminales colombianos, que el gobierno de aquel lugar emitió edictos de amnistía desde principios de los años ochentas; y que el propio Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) emitió mediante el decreto 128 de 2003, el Reglamento a la Ley 418 de 1997, en lo concerniente a la posibilidad de otorgar los beneficios jurídicos a los grupos de autodefensa.

De acuerdo con la Ley de aquel país al que Duarte toma como ejemplo para actuar, los beneficios jurídicos podrían ser de indulto, suspensión condicional de la ejecución de la pena, cesación de procedimiento, preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria. Y no nos vayamos a equivocar en el juicio: los denominados “grupos de autodefensa” que gozaron del beneficio de la amnistía colombiana, subsistieron y se hicieron fuertes gracias al financiamiento recibido por el crimen organizado.

De modo que, seguir acrecentando el número de internos en los centros penitenciarios que más bien son escuelas del crimen, donde se fortalecen los grupos criminales, que gozan además de los beneficios de la corrupción, pues hasta sus bares particulares tienen dentro, poseen armamento y pueden escaparse con toda impunidad, es caer en el autoengaño.

Chihuahua necesita un combate frontal a la corrupción, porque es ahí donde se acrecienta el germen voraz de la delincuencia organizada; la estrategia de combate a la delincuencia organizada debe ser más de táctica y estrategia contra el crimen, y los delincuentes no deben ingresar a la cárcel a pasar sus vacaciones a la sombra, bajo el amparo de nuestros impuestos.

Con qué razón el crítico literario y escritor francés, Charles Augustin Sainte-Beuve, afirmó alguna vez que: “hay pocos animales más temibles que un hombre comunicativo que no tiene nada que comunicar”.

Hace apenas unos meses, el gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, aseguraba que existían estudios de mercado por parte de casas de opinión en donde se señalaba que la percepción de seguridad en Chihuahua aumentó.

Por otra parte, y con fecha más reciente, el Observatorio Ciudadano del Delito, a través de un ejercicio metodológico para comparar las cifras de la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Seguridad Pública Municipal; y con ello, dar más certeza a lo que sucede realmente, ha evidenciado que existe una diferencia notable entre los datos que ofrecen ambas instancias.

Este mal manejo de cifras delictivas; se debe en gran parte –según el Observatorio– por falta de denuncia.

Considerando todo lo anterior y lo que como ciudadanos vemos, vivimos y percibimos, el hecho de que se quiera hacer creer a la ciudadanía que los delitos disminuyen; y por ende, la percepción de seguridad aumenta, está muy alejado de la realidad ya que una cosa es que disminuyan los delitos, y otra muy distinta es que no se denuncien y no se registren como parte de las estadísticas.

Tan solo por poner dos ejemplo de los datos expuestos por el Observatorio Ciudadano, y que trascendió en los medios de comunicación, es que el registro de delitos en robos a casa habitación por parte de la Dirección de Seguridad Pública es de mil 823 incidentes de enero a agosto; sin embargo, la Fiscalía General del Estado reporta sólo 404 delitos. Esto se debe a que la ciudadanía no confía en la autoridad, por lo que las solicitudes de apoyo se quedan sin la correspondiente investigación.

Así mismo, el Observatorio dio a conocer que en lo que de enero a julio de 2011, la cantidad de homicidios dolosos es de 1919, mostrando un promedio diario de 9 decesos por este motivo.  Dato que contrastaron con los 10 homicidios diarios que se registraron en 2010 y los 6.6 que sucedieron en 2009.

Cabe señalar, que mientras que César Duarte en ningún momento explicó la metodología usada en esos estudios de mercado con los que asegura que la percepción ha cambiado, la información que analiza el Observatorio Ciudadano del Delito, corresponden a datos que fueron obtenidos a través de las áreas de transparencia del Gobierno Estatal, habiendo solicitado datos desglosados correspondientes al estado y los distintos municipios, así como las cifras del municipio a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con la definición de la Real Academia Española (RAE); observar, es examinar atentamente; la percepción, es una sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos; la probabilidad, es la razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles; y estadística, es la rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades.

El caso es que mientras que el gobernador dice que la percepción –la sensación– que se tiene de Chihuahua es que la inseguridad disminuye, el serio análisis del observación hecho por un grupo organizado de ciudadanos y el día a día de los chihuahuenses, nos dicen que la probabilidad de ser víctimas del crimen –organizado o no–, nos harán formar parte de las estadísticas, las contabilicen o no las contabilicen.

La realidad incuestionable se asienta a través del Guerrero japonés, reconocido como uno de los mejores guerreros Samurái de todos los tiempos, Miyamoto Musashi: “La observación y la percepción son dos cosas separadas; el ojo que observa es más fuerte, el ojo que percibe es más débil.”

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Percepción de la realidad:

¿Es real lo que se percibe?… antes de actuar, hay que corroborar.

Miguel Latorre argumenta que el proyecto original fue modificado y la obra terminó siendo de un carril y no dos; por lo que transitar por esta rúa resulta inseguro; esto, además de cuestionar el destino de la totalidad del presupuesto aprobado para dicha obra.

Por su parte, Marco Quezada ha dicho que la modificación al proyecto original se debió a que se afectaba a un particular. Así de simple y sencillo.

Proyecto aprobado

No es éste el único proyecto en marcha; la ciudad entera es objeto de desviaciones que encienden cuando menos un foco de alerta, pues resulta muy sospechoso que se hayan apresurado tanto en licitar la obra y asignar un contrato de obra pública sin considerar algo tan básico como es la afectación del terreno cuyo propietario ni siquiera había sido enterado.

Aquí lo interesante del caso, es que resulta que el particular “afectado”, es nada más y nada menos que del priista José Luis García Mayagoitia.

Total que en esta, como en muchas otras ocasiones, la “bolita” de las culpas va de un lado a otro: que si fue la anterior administración, que si es culpa de la actual administración, que si se afectaba a un tercero –no un tercero cualquiera–, que si se modificó la obra para brindar mayor seguridad, que si fue el PAN, que si fue el PRI, etc., etc., etc.

Y en tanto que se avientan la bolita, pareciera que el dinero público es un bien que no escasea, y que los encargados de administrarlo pueden darse el lujo de justificar la presentación del gato, cuando nos prometieron una liebre.

El caso es que mientras son peras o manzanas, la obra es un riesgo y eso es imposible de ocultar, toda vez que representa un peligro en muchos sentidos; y es que a quienes todos los días transitamos por esa ruta y tuvimos la mala idea de haber usado la obra en mención, nos pudimos percatar –sin ser ingenieros civiles o expertos en la materia– que representa un riesgo enorme transitar por ahí.

Proyecto modificado

Aún y cuando algunos conductores tomen las debidas precauciones, no se puede responder por la falta de pericia de otros conductores o por accidentes a medio tramo; debido a ello, varios ciudadanos cuya ruta de traslado incluye dicha ubicación, mejor optamos por transitar por la vía alterna que se usaba durante el periodo en que se construyó la “flamante” Gaza Universitaria, porque de que la obra concluida es insegura… lo es!

En definitiva, lo que haya atrás de las modificaciones a la obra tendrá que analizarse; es decir, que se aclare qué clase de afectaciones eran las que sufriría José Luis García Mayagotia, saber qué pasó con el “sobrante “del presupuesto originalmente asignado, saber si el ayuntamiento incurrió en incumplimiento de la normativa de gobierno federal, mismo que asignó recursos para la obra que se aprobó originalmente, y que nos aclaren cómo fue que se licitó la obra y en qué momento se informó a las instancias correspondientes sobre las modificaciones y sobre todo si éstas fueron autorizadas de acuerdo a las normas técnicas y de seguridad requeridas.

Obligadas también, son las siguientes preguntas: ¿no hubo supervisión por parte de ningún “opositor” durante la construcción de la obra?, ¿por qué hasta que no se puso en ncionamiento dicha obra es cuando se quiere clausurar debido a la inseguridad que representa, si desde hace meses eran obvias las modificaciones?, ¿no hubiera sido más seguro tratar de detener la obra antes de concluirla a esperarse a que estuviera en marcha y antes de que los arriesgados conductores opten por usar esa vía?.

Es importante recordar, que la responsabilidad de los funcionarios públicos -trátese del nivel que se trate– comienza desde el mismísimo momento de iniciar actividades, durante el desarrollo de éstas, y no solo a su término y ya cuando es más difícil y costoso corregir las fallas.

Desafortunadamente, en Chihuahua, más que corregir fallas vemos con tristeza que solo se buscan terceros culpables, cuando lo esencial lo marca el médico e histólogo español, y premio nobel de medicina en 1906., Santiago Ramón y Cajal: “Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia.”

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Dice el viejo y conocido refrán, que: “ahogado el niño, a tapar el pozo”; y con el reciente caso del atentado contra el Casino Royale ubicado en la Cd. de Monterrey, N.L, queda de manifiesto que México es un país en el que al morir “el niño”, se tapa el pozo y se dejan a medio tapar otros tantos.

Erróneamente, se ha calificado a este hecho sucedido en Monterrey como de terrorismo; y es que calificarlo de esta manera, cuando en realidad son las omisiones e irresponsabilidad de las autoridades correspondientes las causantes, solo traerá como consecuencia más pozos a medio tapar.

No podemos olvidar, que a través de los años hemos podido dar cuenta de que esta no es la primera vez que la falta de supervisión por parte de las áreas de protección civil han traído como consecuencia lamentables y vergonzosos hechos mortales.

Sin duda alguna, lo acontecido en el Casino Royale fue iniciado por uno de tantos actos delictivos que suceden a lo largo y ancho del país; sin embargo, los resultados fatales tienen más que ver con el delito de omisión -y muy probablemente con el de corrupción– de las autoridades.

Algunos dicen que esta tragedia debe ser a tribuida a Santiago Creel, quien como Secretario de Gobernación, en 2004 autorizó innumerables permisos para la operación de casinos.

Por otro lado, ha SEGOB ha aclarado que bajo la actual administración no se ha emitido un solo permiso para la operación de este tipo de negocios; más aún, se ha dicho que: “Los establecimientos autorizados en el pasado por Segob, son susceptibles plenamente de la acción de los Ayuntamientos en el ejercicio de sus facultades constitucionales en materia de uso de suelo y desarrollo urbano”.

Quizá, el actual contendiente a la presidencia de la república tenga responsabilidad en el incremento de negocios de dicho giro, sin embargo, la responsabilidad de las muertes sucedidas en hechos similares y en épocas diferentes, señalan que las áreas de protección civil y de gobernación parte de autoridades estatales y municipales, no están haciendo lo que les corresponde.

En el año 2000, un incendio en la discoteca Lobohombo ubicada en la Cd. De México, dejó un saldo de más de 20 personas fallecidas; muchas de ellas, murieron atrapadas en el fuego debido a la falta de salidas de emergencia.

En 2008 en el News Divine, un bar discoteca de la misma Ciudad de México –que operaba desde 1996–, murieron asfixiadas 12 personas cuando personal de la Secretaría de Seguridad Pública encabezó un operativo policiaco para impedir la venta de bebidas alcohólicas y drogas a menores de edad.

Ahí, la mala planeación del operativo policiaco, el sobre cupo de personas y la salida de emergencia bloqueada, provocaron el siniestro.

En 2009, un incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Son., terminó con la vida de 49 niños y niñas, resultando además 76 heridos, todos ellos de entre cinco meses y cinco años de edad.

Este incidente, inició en una bodega contigua en donde se guardaban archivos del Gobierno del Estado de Sonora y se propagó a la estancia infantil, fundiendo el poliestireno aislante del techo. Ahí, la falta de detectores de humo, extintores y salidas de emergencia adecuadas, provocaron la asfixia y muerte de decenas de niñas y niños.

Dice otro viejo y conocido refrán que “tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata”; y en estos casos, no solo el que otorga los permisos, sino el que está encargado de supervisar y prevenir tiene responsabilidad sobre lo sucedido.

Total que cada vez que algo malo sucede, es cuando las autoridades de los tres niveles comienzan a medio tapar pozos y mueven todos los recursos con los que disponen para implementar operativos de revisión y supervisión.

El filósofo, escritor, y político romano, Séneca, afirmaba que: “el que pudiendo no favorece al que está en peligro, ayuda a matarlo.” Es momento de asumir responsabilidades y actuar en consecuencia, aunque se tape el pozo después de ahogado el niño.

Esperanzador resultaría que esta declaración por parte del Gobierno del estado a través del Fiscal Carlos Manuel Salas, se convirtiera en realidad; el problema es que las declaraciones se han quedado en declaraciones, y más que llegar hasta el fondo en la ejecución y aplicación de la justicia, en medio de este clima de impunidad y violencia seguimos tocando fondo.

Recordemos el caso del reconocido y respetado líder priista, Miguel Etzel Maldonado, quien fue cobardemente asesinado a tan solo unos días de que César Duarte tomara protesta como Gobernador del Estado.

En ese entonces, Duarte dijo: “los cobardes criminales de Don Miguel Etzel Maldonado serán castigados y alcanzados por el brazo de la justicia”.

Han pasado 10 meses y nada se ha dicho sobre los avances de las investigaciones, mientras que la justicia se exhibe cuan persona con capacidades especiales cuyo brazo débil e impotente no ha logrado alcanzar a los criminales.

Luego, —a dos meses de la toma de protesta de duarte como Gobernador– la activista Marisela Escobedo fue asesinada en la puerta del Palacio de Gobierno cuando exigía justicia para su hija Rubí Marisol, quien también fuera asesinada tiempo atrás.

En ese tiempo, César Duarte expresó: “los asesinos de la señora Marisela Escobedo y su hija serán detenidos”.  Han pasado 8 meses y el –o los–  asesinos no han sido detenidos.

Total, que si comparamos todas las declaraciones que el actual gobierno ha hecho, contra las acciones concretas y eficaces, más que llegar hasta el fondo para esclarecer cientos —si no es que miles– de delitos que siguen en la impunidad, nos están haciendo caer hasta el fondo de un abismo de violencia alimentada por la impunidad que a su vez se acrecienta ante una serie de declaraciones mediáticas y demagógicas que no se han concretado en acciones reales.

Resulta imposible olvidar que en su toma de protesta como gobernador, César duarte dijo: “El crimen y la violencia en México y en Chihuahua han convertido la esperanza en incertidumbre y la tranquilidad en miedo. La gente se siente indefensa, vive en el desamparo ante una autoridad que ha sido incapaz de protegerla.”

Han pasado 10 meses y la incertidumbre, la intranquilidad y la indefensión en la que los ciudadanos nos encontramos, no ha cambiado.

Y en tanto las declaraciones no se conviertan en acciones, cada vez más cerca estaremos de llegar al fondo.  Situación que ya se veía venir que con la llegada de César Duarte al Gobierno estatal: tocaríamos fondo; y con ello, quizá vendría una época para la recuperación de aquel Chihuahua que todavía hace 6 años teníamos y disfrutábamos.

Para que en verdad las cosas sean diferentes, es bueno considerar lo que atinadamente dijo alguna vez el maestro de artes marciales Bruce Lee: “el saber no es suficiente, debemos aplicarlo. El querer no es suficiente, debemos hacer.”

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Prefiero ser abierta, a pasearme anunciando que soy la maravilla…

Y es que sinceramente no hay otra forma de interpretar el “veto” que Duarte le ha impuesto a la reforma a la Ley de Tránsito, a la cual se suma también la iniciativa de la ley para resguardar el secreto periodístico.

A lo más, lo que esto puede darnos a pensar, es que César Duarte ha puesto sobre la mesa una mera exhibición más del ejercicio simple de su poder. Así, a secas.

Lo cierto es que eso no debe sorprendernos porque lo advirtió desde un principio –en su toma de protesta–: “el poder es para poder”, y el gobernador sí pudo; lo malo, es que pudo hacerlo a causa de un berrinche y por su sed de venganza.

Resulta que a pocas horas de que los integrantes el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional rechazaran la aprobación al aplazamiento de la Ley contra del narcomenudeo, e hicieran diversas observaciones a los informes incompletos que las dependencias de Gobierno del Estado presentaron con un atraso de seis meses, Duarte ejerció su derecho de veto sobre esas leyes recientemente aprobadas por unanimidad en el pleno del Congreso del Estado, y que habían sido iniciadas por la bancada panista.

Hay que reconocer, que aunque la reforma a la Ley de Vialidad y Tránsito que contemplaba la eliminación de datos personales no marcaba precisamente un hito legislativo, tampoco era absurda como la Ley “Anti-Ninis” de Duarte.

Respecto al veto emitido por el ejecutivo estatal, básicamente se sustenta en el argumento de que ambas Leyes presentan inconsistencias jurídicas; y es justo en esa explicación, donde encontramos otra situación que como ciudadanos debe preocuparnos.

Es que habiendo sido aprobadas –ambas Leyes– con la unanimidad del Pleno del Congreso, Duarte está diciendo implícitamente que los integrantes de la LXIII legislatura local, –todos ellos y sin distingo partidista alguno– no sirven para hacer leyes, puesto que aprobaron algo que está mal.

El caso es que serán los propios Diputados que en unanimidad aprobaron dichas leyes, los que tendrán que definir si el uso del veto al que tiene derecho Duarte como gobernador -pero que no deja de ser la decisión y punto de vista de una sola persona– se trató de una venganza, la demostración de que el poder es para poder, se trata de un berrinche, de otro capricho del ejecutivo o de la sabiduría que César Duarte transmite a sus discípulos.

Vaya manera de exhibir en Chihuahua el nulo respeto a la división de poderes, y nada más lejano a las ideas del enciclopedista y promotor de la revolución francesa Montesquieu quien alguna vez aseveró que: “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder.”

El Diego

Gran revuelo internacional ha causado la captura y las declaraciones de “El Diego”.  Y es que resulta que este delincuente ha dado a “conocer” información que en realidad era un secreto a voces pero que ahora, simplemente se confirma.

Las reacciones por parte de diferentes sectores de la sociedad no se han hecho esperar; así sucedió con el Gobernador César Duarte quién –dijo– fue amenazado por los grupos criminales luego de que se colocaran las mantas de recompensa para localizar a José Antonio Acosta “El Diego”.

De esa amenaza de que se dijo objeto el Gobernador Duarte, bien pudieran quedar serias dudas, ya que una declaración de esta naturaleza difícilmente podrá ser confirmada o negada, cuando el “Diego” goza de nula credibilidad, y en contrapartida, el ejecutivo estatal jamás difundió en su momento tan delicada información que ahora, le coloca en los reflectores tras la captura del presunto multicriminal.

Siguiendo con las reacciones mediáticas causadas por la captura del Diego; de acuerdo a información dada a conocer por los medios de comunicación, ahora es el propio Fiscal del Estado, Carlos Manuel Salas, quien hace sus declaraciones respecto al historial delictuoso de José Antonio Acosta, alias El Diego.

Considerando que declaraciones van y declaraciones vienen, lo dicho por el Fiscal General del Estado no sería causa de análisis en especial; sin embargo, ha dicho algo que sin duda alguna deja mucho material de análisis y sobre todo, para darle seguimiento en lo judicial y en lo informativo.

El Fiscal

Concretamente, Carlos Manuel Salas ha señalado que la ex Procuradora General de Justicia del Estado, Patricia González, podría haber incurrido en encubrimiento o en una total y absoluta incompetencia, al señalar mediáticamente una presunta responsabilidad en crímenes por parte de José Antonio Acosta Hernández “El Diego” y no asentar esos datos en las carpetas de investigación.

Adicionalmente –y de acuerdo a lo dado a conocer por los medios– el Fiscal dijo que la incompetencia y la omisión son formas de corrupción, y explicó que en la época en que El Diego estuvo actuando en el estado de Chihuahua, causando un daño severo, fue publicado en diversos medios de comunicación a través de comunicados oficiales de la ex Procuraduría General de Justicia, que daban cuenta de la participación del Diego en diferentes actos criminales y sin embargo, la autoridad jamás solicitó una orden de aprehensión en contra de él.

Entre muchos otros “golpes de pecho”, el Fiscal también ha mostrado su “indignación” expresando que es una vergüenza haber señalado a ‘El Diego” –en comunicados oficiales– como responsable de diferentes crímenes, sin que se vea reflejado en ninguna carpeta de investigación; de tal manera, que jurídicamente no habría ninguna acción contra ese personaje.

Todo eso y mucho más, ha dicho el Fiscal del Estado mostrando su total enojo por las omisiones y corruptelas de la anterior administración; cosa que no es la primera vez que sucede, puesto que ya en anteriores ocasiones el propio Gobernador del Estado, César Duarte, ha mandado mensajes “subliminales ” –y otros no tanto– sobre lo que ocurría en tiempos de Reyes Baeza y de Patricia González.

El caso es, que como lo dice el viejo y conocido refrán: “botellita de jerez, todo lo que digas será al revés”; y es justo en este refrán donde hay que fijar nuestro pensamiento, nuestro análisis y el seguimiento a lo que todos sabemos, pero que ahora ha sido dicho públicamente por el Fiscal General del Estado, Carlos Manuel Salas.

Patricia y Reyes

Resulta que si mediáticamente y de propia voz, el Fiscal ha dicho que no hay duda que Patricia González es responsable de omisión, corrupción y encubrimiento de criminales, entonces tendríamos que preguntarle al Fiscal dónde están las carpetas de investigación sobre las acusaciones que en su momento hizo el Gobernador Duarte a la anterior administración, y dónde la carpeta de investigación en contra de Patricia González por las acusaciones hechas por él mismo.

Si el funcionario estatal en cuyas manos se encuentra la procuración de justicia realmente está indignado por lo “revelador” que ha resultado la captura de El Diego, entonces tendrá que ser congruente con lo expresado por él mismo, y mostrar a la ciudadanía que esta administración no incurrirá en “una vergüenza al señalar –en comunicados oficiales– a los responsables de diferentes violaciones a la Ley, y que eso no se vea reflejado en ninguna carpeta de investigación; de tal manera, que jurídicamente no habría ninguna acción contra ese personaje”.

Que no se les olvide que Chihuahua exige resultados, y que después de las declaraciones hechas por Carlos Manuel Salas, lo menos que podemos exigir los ciudadanos, es que se emprenda la acción legal correspondiente en contra del anterior mandatario estatal José Reyes Baeza y de la ex procuradora Patricia González

La política y estadista india, Indira Gandhi vez que: “el mundo exige resultados. No les cuentes a otros tus dolores del parto, muéstrales al niño”. Y ciertamente, los chihuahuenses seguimos esperando más hechos y menos declaraciones mediáticas.

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Las declaraciones de El Diego:

Pero este fenómeno del repentino incremento del número de registros para Duarte –locales, nacionales e internacionales– en la página del Gobernador, no tiene que ver en lo más mínimo con una afinidad hacia el mandatario del estado o con lo que literal y tradicionalmente significa ser fan o seguidor de alguien.

De ahí la importancia de aclarar –a todos aquellos que no usan el Facebook–, que para poder hacer algún comentario en el espacio virtual que ocupa alguna persona, es necesario haber aceptado una amistad, o en el caso del tipo de espacio que ocupa el Gobernador, haber elegido la opción “me gusta” para poder establecer contacto virtual.

Dicho lo anterior, prosigamos con los motivos que dieron origen a que cientos de personas hayamos decidido que “nos gusta” el Sr. Gobernador. (Debo aclarar que “mi gusto” por César Duarte, sí fue para hacer algunos comentarios, pero más que todo para hacer algunas aclaraciones que en su momento debió hacer el propio gobierno estatal).

Resulta que agentes de las unidades 164 y 165 del Distrito Delicias en ciudad Juárez, le dispararon a una perrita llamada “Canela”; esto, luego de que los policías municipales estaban almorzando y al ir uno de ellos a comprar un refresco, Canela tuvo el atrevimiento de ladrar y decidió por esta simple razón, darle un balazo que finalmente terminó con la vida de la Canela.

Luego de que la noticia fuera dada a conocer por el Diario de Cd. Juárez, y difundida por la Asociación Pro Defensa Animal (Aprodea) a través de redes sociales, la página de César Duarte comenzó a registrar –y sigue registrando– un incremento en su número de “seguidores”, quienes a través de diversas manifestaciones reprueban lo sucedido y exigen justicia para Canela, así como el castigo a los elementos de la policía municipal responsables de tan cobarde ataque.

La Canela antes de morir

La expresión ciudadana es válida, debe ser escuchada –o leída– y atendida desde cualquier espacio. Es por eso que este espacio de opinión expresa su indignación y se une a las exigencias para que este caso no quede en la impunidad como han quedado miles en nuestro estado. Sin embargo, hay que decir claramente que habiendo sido agentes municipales los responsables, las exigencias de justicia para Canela deben hacerse al Alcalde de Juárez e interponer –por supuesto– la denuncia correspondiente.

Por su parte, los Diputados y el Gobernador (que tanto gusta de enviar iniciativas al Congreso), con este lamentable y reprobable hecho de cobardía, pueden y deben encontrar un área de oportunidad para atender y dar respuesta a una solicitud ciudadana que desde hace mucho duerme el sueño de los justos: “el maltrato animal, al Código Penal.”

En el caso de los Ayuntamientos,  tendrán que prestar atención para crear los reglamentos correspondientes a la Aplicación de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua, porque no basta con que hace apenas unos meses se haya aprobado y publicado. Es necesario establecer los mecanismos para que ésta se cumpla debidamente y se asegure que se apliquen las sanciones que inhiban el maltrato de seres indefensos.

Volviendo al tema de los nuevos “fans” del Gobernador Duarte, y aunque este asunto no es de su competencia directa, ha sido una pena ver que después de que en un lapso de tan solo 24 horas, cientos –si no es que miles– de personas y Asociaciones, le han solicitado castigo para los policías, o simplemente le han expresado su indignación a través del Facebook, el Gobierno Estatal solo haya sido capaz de subir una foto del Gobernador entregando certificados de un Programa Federal, en lugar de dar una respuesta (aunque sea aclaratoria) a las manifestaciones ciudadanas.

Es de suma importancia entender que hacer justicia contra el maltrato animal no tiene que ver con un simple sentimiento bondadoso de los seres humanos; tiene que ver con la misma prevención de la violencia y la delincuencia, y de esa misma forma tiene que asumirse, así como el hecho de que dos policías actuaran con violencia excesiva contra un indefenso animal.

Tan solo por hacer referencia algunos de los muchos elementos claves a considerar sobre el tema, retomaré lo expuesto en el mes de mayo de 2010 en este mismo espacio de opinión: Gustavo Larios Velasco, abogado penalista, ha señalado que “La tortura a los animales está íntimamente ligada a la peligrosidad del sujeto, similar a la de asesinar a un humano, por eso debería ser contemplado a nivel penal”.

El maltrato a los animales no se puede seguir tomando a la ligera y mucho menos en Chihuahua por ser uno de los estados con más violencia de la República Mexicana y quizá de Latinoamérica. Diversos estudios a nivel mundial han convencido a sociólogos, legisladores y a las cortes de países desarrollados de que los actos de crueldad hacia los animales constituyen la primera alerta de una patología violenta que incluirá víctimas humanas.

Es imprescindible pues, que no se siga minimizando este tema porque de ello puede depender el comportamiento de la delincuencia en un futuro. Esto lo asegura Robert K. Ressler, quien desarrolló algunos de los perfiles de asesinos en serie para el FBI, y quien dice que “un asesino comienza matando y torturando animales.

Tiempos antiguos e inteligencias intuitivas y sobresalientes de Leonardo Da Vinci lo demuestran; él mismo anticipó que: “llegará un día en que los hombres conocerán el alma de las bestias y entonces matar a un animal será considerado un delito como matar a un hombre. Ese día la civilización habrá avanzado”.

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Ella era Canela :’-(

Maltrato animal y violencia social: